México vive una crisis de violaciones a derechos humanos y corrupción enlazadas por la impunidad.
Este diagnóstico, perfilado inicialmente por la sociedad civil, hoy es asumido como propio por relevantes actores políticos nacionales y por las más importantes instancias internacionales de protección a los derechos humanos, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
En los últimos años y sobre todo a partir de los eventos que en 2014 develaron la magnitud de la crisis –Tlatlaya, la “Casa Blanca”, Ayotzinapa–, mucho se ha discutido en México sobre cómo revertir el estado de impunidad crónica que vive el país. Hoy sabemos que esto sólo puede lograrse cuando se acoplan dos engranajes fundamentales: voluntad política y desarrollo de capacidades institucionales de investigación.
La voluntad política es la pieza clave y es la más escasa en nuestro entorno. No se ha acreditado en México voluntad política para investigar y sancionar a quienes delinquen desde el poder, sea cometiendo violaciones a derechos humanos o incurriendo en delitos de corrupción.
Como en los pactos de impunidad participan actores políticos y económicos preponderantes, este inmenso déficit de justicia sólo cambiará cuando la sociedad genere un entorno de exigencia capaz de reconfigurar la actual distribución del poder en México y ensanchar así los cauces de la justicia.
Pero incluso construida la voluntad política para revertir la impunidad, la falta de capacidades en el sistema de justicia prevalecerá. Los miles de casos acumulados en expedientes carentes de análisis contextual, ajenos al empleo de tecnología, necesitados de incorporar perspectivas de macrocriminalidad, conducidos por ministerios públicos que investigan desde el escritorio, no cambiarán de la noche a la mañana por la voluntad de ningún gobierno. Se necesita, por tanto, fortalecer las capacidades institucionales de investigación. Esto es especialmente cierto respecto de la investigación de graves violaciones a derechos humanos; los casos de tortura, ejecuciones y desapariciones no se investigan adecuadamente en México.
A partir de su trabajo de más de un año con el sistema de justicia mexicano, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH para la supervisión del caso Ayotzinapa, identificó algunos mecanismos estructurales que explican la impunidad en los casos de graves violaciones a derechos humanos: deficiencias en el acceso a la justicia que no solamente afectan a la investigación de los hechos de Iguala, sino que están presentes en la cotidianidad de las instituciones encargadas de procurar justicia.
Tomando como referencia el Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, en esta publicación recogemos el diagnóstico hecho por el GIEI en cuanto a los mecanismos de impunidad que explican la ineficacia de las investigaciones para después ofrecer un esquema con las modificaciones legales necesarias para revertir la situación que hoy impera. Nos hemos tomado la libertad de ajustar la redacción del GIEI para alcanzar a un público más amplio y, en algunas ocasiones, hemos complementado sus observaciones con las que surgen de la experiencia de tres décadas del Centro Prodh.
Resumimos además cada uno de los aspectos desarrollados para abordarlos de manera breve y concisa.
Publicamos este material con la convicción de que superar el estado de impunidad que vive México no sólo es urgente: también es posible.
