En el contexto de la iniciativa de la Ley General contra la Tortura enviada al Senado por el presidente Enrique Peña Nieto, y ante el inminente arranque de labores legislativas, organizaciones de la sociedad civil y sobrevivientes de tortura alertan que dicha iniciativa descartó diversos elementos mínimos necesarios para desincentivar y erradicar la práctica de la tortura en México, acordados en la consulta realizada en 2015.
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