Organizaciones de la sociedad civil solicitarán mecanismos de diálogo y participación para la construcción de la Ley General contra la Tortura, que garantice la efectiva y oportuna participación de víctimas y personas expertas en la materia. Dicha ley, deberá contener los estándares mínimos en materia de prevención, investigación y sanción por tortura, y atender las recomendaciones emitidas por los diversos mecanismos y organismos internacionales.
El pasado 10 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73 que faculta al Congreso (quienes el 1 de septiembre inició el periodo ordinario de sesiones) a expedir leyes generales en diversas materias, entre ellas tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Dicha Ley General, deberá expedirse dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la mencionada reforma, y la sociedad civil no ha sido informada sobre los avances en la elaboración de la misma.
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