México, D.F., 25 de febrero de 2010
Boletín de prensa
ALBERTA Y TERESA APELAN CONTRA LA INJUSTA SENTENCIA DE 21 AÑOS DE PRISIÓN ORDENADA POR DEL JUEZ CUARTO DE DISTRITO EN QUERÉTARO
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano asumen la defensa de Alberta y Teresa.
La apelación será resuelta en los próximos meses por el Magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, Hanz Eduardo López Muñoz, quien ya tiene conocimiento del mismo.
El día de hoy, jueves 25 de febrero de 2010, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio han presentado su apelación contra la sentencia dictada por el Juez Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, quien el pasado día 19 de febrero las condenó a purgar una pena de 21 años de prisión por un delito que nunca existió: la supuesta privación ilegal de la libertad de 6 entonces agentes federales de investigación (AFIs) durante hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en el poblado de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, en el estado de Querétaro.
Las indígenas hñahñús han designado para esta instancia como sus defensores al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y al Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano, quienes llevaron en su momento la defensa de la hoy libre Jacinta Francisco Marcial. A esto, se suma el apoyo en la campaña por su liberación que Amnistía Internacional ha emprendido desde el día 12 de febrero de 2010, día en el que dicho organismo internacional las nombró “presas de conciencia”.
El recurso de apelación será resuelto en el transcurso de los próximos meses por el Tribunal Unitario de Circuito en el estado de Querétaro. Cabe recordar que el titular de dicho tribunal, el Lic. Hanz Eduardo López Muñoz, ya tiene un vasto conocimiento de la causa, pues en septiembre de 2006 confirmó el auto de formal prisión que en su momento se dictó en contra de Alberta, Teresa y Jacinta, y el 07 de abril de 2009 ordenó la reposición del procedimiento seguido en contra de las tres mujeres, revocando la sentencia condenatoria que el Juez Cuarto de Distrito reafirmara en días pasados en contra de Alberta y Teresa.
Como defensores de derechos humanos, nos interesa seguir señalando la amplia vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres indígenas frente a un sistema de justicia que abusa de la sociedad, fabrica delitos y posteriormente instaura procedimientos irregulares e injustos en contra de quienes, como Alberta y Teresa, también se encuentran un estado de marginación económica y social.
Al respecto, hay que recordar que los hechos fueron originados por elementos de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación, quienes con prepotencia y agresión se presentaron el 26 de marzo de 2006 en la comunidad de Santiago Mexquititlán para realizar un abusivo e irregular decomiso de mercancías. El comparar con un secuestro las acciones de descontento mostradas por los comerciantes agredidos quienes pidieron la identificación de los agentes, resulta por demás gravísimo, pues el secuestro es un delito con fines de lucro que se realiza a costa del dolor de las víctimas y sus familiares, llegando incluso a las agresiones físicas o la muerte. En los hechos de Santiago Mexquititlán, no sucedió tal cosa, sino que la situación fue solucionada por el agente del Ministerio Público Federal en San Juan del Río quien reconoció la mala conducta de los agentes.
Por otra parte, resulta preocupante que en México siga imperando la falta del principio de presunción de inocencia, pues el juez Rodolfo Pedraza Longi, además de avalar las pruebas irregulares presentadas en su momento por la Procuraduría General de la República, argumentó nuevamente que “Alberta y Teresa no han podido desvirtuar las acusaciones que pesaban en su contra”, por lo que decidió determinar su culpabilidad antes que su inocencia.
Resulta también grave que la reposición del procedimiento se haya decretado por las “contradicciones sustanciales” por los propios AFIs y que éstas hayan seguido presentándose durante los careos procesales, brotando incluso nuevos puntos de contradicción que en su momento fueron señalados y que no fueron tomados en cuenta para la sentencia.
Ante toda esta situación, los Centros de Derechos Humanos “Prodh” y “Fray Jacobo Daciano” seguiremos denunciando las violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, a quienes acompañaremos jurídicamente durante la apelación ante el Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, quien en su momento, deberá de revocar la sentencia condenatoria y dictar su absoluta e inmediata libertad.