El derecho al acceso a la información, consagrado en la Constitución Mexicana y desarrollado en la legislación federal, es fundamental para hacer realidad la democracia participativa en el proceso de la integración económica de México en el mercado global. De acuerdo al principio de primacía de los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de garantizar tanto dicho derecho como cualquier otro derecho humano, y de hacer valer los instrumentos internacionales que los protegen sobre cualquier compromiso internacional. Sin embargo, en el marco de los numerosos acuerdos de integración económica que ha firmado México en las últimas dos décadas, dicha obligación no se cumple a cabalidad

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