l       La participación militar en los operativos del año 2007 ha traído como consecuencia graves violaciones los derechos humanos

l       La estrategia gubernamental no debe reducirse al combate, también debe atenderse a la profesionalización de los cuerpos policiales y a la erradicación de la impunidad y la corrupción

Desde los inicios de su gestión al frente del Ejecutivo, Felipe Calderón ha recurrido al ejército como parte de la estrategia para fortalecer las tareas de seguridad pública. El hecho no es nuevo, en sexenios anteriores se ha empleado la misma fórmula, a pesar de la cuestionabilidad de los resultados.

Si bien es cierto que el problema del narcotráfico es delicado y urge atenderlo, la participación de elementos militares en esta tarea, no garantiza la efectividad en el combate a los problemas derivados del narcotráfico, al contrario, los riesgos para el respeto a los derechos humanos son altos. Casos como el de la familia Esparza Galaviz, en Sinaloa, Castaños en Coahuila, los abusos ocurridos en Nocupétaro, Huetamo, Carácuaro y Apatzingán, o el controvertido caso de Ernestina Ascención, son una muestra de estos riesgos.

En diversas ocasiones, instancias internacionales de derechos humanos han señalado la inconveniencia de la participación militar en tareas de seguridad pública. Entre otras, de manera contundente, lo ha señalado el Grupo de Alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio:

En la acción militar se da preeminencia a la persecución, detención y sanción a los responsables de los delitos a través de la fuerza y de operativos aparatosos que buscan amedrentar y generar miedo en la sociedad, apegados siempre a una concepción rigorista de las leyes y poco acostumbrados a dar cuenta de sus actuaciones a la sociedad, sin que el respeto a los derechos humanos signifique una limitación a sus actos.

Durante enero del presente año, los combates en la zona fronteriza entre diversas corporaciones policiales y el ejército, por un lado, y presuntos sicarios del narcotráfico, evidencian la capacidad de fuego del crimen organizado y la carencia de estrategias adecuadas, más allá del combate frontal, para enfrentar las amenazas derivadas de los grupos delictivos.

Es indudable que se debe sancionar a quienes delinquen; sin embargo, en el caso del crimen organizado, la estrategia no debe reducirse al combate. Otros factores han de ser atendidos, entre ellos las deficiencias de los diversos cuerpos policiales (en  capacitación y salarios), la alianza entre los grupos de poder (regionales, nacionales, trasnacionales) y las organizaciones delictivas, la impunidad como práctica arraigada en amplios sectores de la estructura gubernamental y la corrupción que favorece la actuación al margen de los procedimientos institucionales.

Por otra parte al otorgarse tal protagonismo al Ejército en las tareas de seguridad pública, se está renunciando a consolidar soluciones civiles, las cuales son las únicas que tienen cabida en el marco de un Estado democrático de derecho. De esto es un ejemplo el comunicado emitido en Tijuana, el 16 de enero, por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que se invita a la población a denunciar cualquier acto criminal ante la misma Secretaría. Al actuar así, debilita aún más al Ministerio Público Federal, instancia a la que corresponde exclusivamente esta tarea.

Al presentar su informe 2007, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que el Ejército debe retirarse de las tareas de seguridad pública, para lo cual consideró necesaria la presentación de un calendario de retorno paulatino a los cuarteles.

La publicación del Programa Sectorial ya referido, y su aprobación, de ninguna manera contemplan la exigencia común de múltiples organismos y organizaciones de derechos humanos. Razón por la cual expresamos nuestro desacuerdo con la permanencia del Ejército en las tareas de seguridad pública e insistimos en la necesidad de presentar inmediatamente un plan gradual de desmilitarización.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, en su informe sobre México (1998), que “la autorización estatal otorgada para que las fuerzas armadas intervengan en cuestiones de seguridad, se da confundiendo los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional. [...] El extraordinario crecimiento del delito no puede justificar la intromisión de militares en cuestiones de seguridad interior”.

Apelamos, por lo tanto, al gobierno mexicano a reformular la estrategia de seguridad pública, otorgando prioridad a medidas racionales que preserven en todo momento el estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos.