En México, el período que comprende las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta estuvo marcado por la represión estatal. El deterioro de las condiciones socioeconómicas y la inexistencia de las vías democráticas para la participación política,  propiciaron la organización de algunos sectores; en su contra, las violaciones a derechos humanos fueron graves y sistemáticas. El Estado quebrantó el orden jurídico nacional e internacional, actuando a su completo arbitrio y prescindiendo del Estado de Derecho. Actos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales fueron algunas de las más frecuentes violaciones de derechos humanos que se cometieron. 

En el año 2000 creció la expectativa de que el nuevo gobierno podría realizar investigaciones serias sobre estos hechos, sancionar a los responsables, reparar el daño integralmente a víctimas sobrevivientes y familiares, y tomar medidas de no repetición. La necesidad de hacer frente al pasado para transitar hacia un régimen democrático, alentaba esta expectativa.           

Así, en 2001 fue creada la Fiscalía Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, conocida por sus siglas como Femospp. Dicha instancia fue la respuesta institucional al legado de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, actos de tortura y múltiples violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto de represión contra la disidencia política en los años sesenta, setenta y ochenta.        

A pesar de los nulos resultados, el ex Procurador General de la República determinó el último día de su mandato, el 30 de noviembre del 2006, dar por concluida la labor de dicha Fiscalía. Con el citado Acuerdo del Procurador, se abrogó un Acuerdo anterior en el que designaba al titular de dicha Fiscalía y estableció que toda la información ministerial e histórica con la que contaba la FEMOSPP pasaría a la Coordinación General de Investigaciones, dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la propia Procuraduría General. 

De esta manera, continuó incumplida la obligación de investigar y castigar crímenes de Estado tales como las masacres de estudiantes del 2 de octubre del 68 y del 10 de junio del 71, así como los cientos de desapariciones forzadas cometidas durante los años setenta y ochenta.        

Diversas organizaciones de víctimas y de derechos humanos demostramos en el balance titulado “Compromisos quebrantados, justicia aplazada” que la obligación del Estado mexicano de garantizar justicia y verdad persistía  y que, para ser satisfecha, eran precisas acciones concretas por parte de cada uno de los poderes. Entre éstas, señalamos la necesidad de  conservar  una Fiscalía Especial para la investigación de estos delitos -previa evaluación y perfeccionamiento de la actual- y la creación de una comisión de esclarecimiento histórico capaz de sentar las bases para el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado        

Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón optó por perpetuar la impunidad y restar importancia al tema. A finales de noviembre de 2006, el entonces Procurador General de la República Daniel Cabeza de Vaca emitió un acuerdo por el que la Fiscalía fue desaparecida. No importó para ello que existieran averiguaciones previas y procesos penales en curso, ni que el derecho colectivo a la verdad estuviese incumplido; menos aun que, como trascendió en prensa, casi el 90% de las averiguaciones abiertas estuvieran sin resolver. La decisión fue refrendada por su sucesor, Eduardo Medina Mora, en marzo de 2007, ya bajo la administración calderonista.         

Desde entonces, el destino de la información y el trabajo desarrollado por la FEMOSPP quedó bajo la dirección de la Coordinación General de Investigaciones, sin que haya habido una postura clara del gobierno, acorde a la relevancia del tema, sobre la manera en que serían asumidas las tareas. Dicho desdén da una idea del compromiso de este gobierno con el combate a la impunidad. No obstante, frente a la apuesta por el olvido, la demanda de justicia, verdad y reparaciones permanece vigente.